La modificación fue iniciativa de la Secretaría de Igualdad de Género y Diversidad de Rectorado. Esta nueva normativa aborda estas problemáticas, pero ahora con el enfoque en discapacidad y derechos humanos.

Desde 2018 la Universidad cuenta con un “Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación social”. (Ord. Nº 1638), el cual fue sancionado el 28 de junio de ese año. Ese instrumento administrativo-legal garantizaba la protección, la prevención y el tratamiento adecuado de casos de violencia de género y discriminación. Además, contemplaba hechos con connotación sexista. 

En vistas de ampliar las facultades y alcances que las leyes 12459 y 26485 de Violencia Familiar y de Género establecen, se sancionó un nuevo protocolo superador al anterior en cuanto al alcance y eficacia. 

El contexto no es el mismo que hace 5 años atrás: los avances en normativas y leyes junto con las distintas acciones realizadas por la Universidad -como la creación de la Secretaría de Género e Igualdad- contribuyeron a la necesidad de generar un nuevo protocolo, el cual entró en vigencia a mediados de 2024. 

Esta nueva normativa denominada “Protocolo de acción e intervención institucional para prevenir, erradicar y sancionar situaciones de discriminación o violencia por razones de género, identidad de género, expresión de género u orientación sexual desde la perspectiva de derechos humanos” (Ord. N°2066) fue aprobada por el Consejo Superior y tiene algunos cambios con respecto a la anterior.

El mismo refuerza la protección de las personas víctimas de violencia de género al incorporar medidas cautelares como mecanismos de defensa judicial y la consolidación de los espacios de escucha. Asimismo, una de las principales novedades es la incorporación de un poder sancionador, ausente en el protocolo anterior, lo que fortalece la respuesta institucional frente a estas situaciones, garantizando una atención integral a las víctimas.

Además, este protocolo contempla modificaciones estructurales como así también una nueva perspectiva que tiene en cuenta también la interseccionalidad, la perspectiva de discapacidad, la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos.

Cabe destacar que no se limita solo a docentes y estudiantes como lo era anteriormente, sino que incumbe y afecta a toda persona que ejerza funciones de cualquier índole en la facultad, como también a personas que pertenezcan a órganos de gobierno de la universidad, pudiendo estas ser sancionadas en caso de incumplirlo.